La ONU cuestionó a Brasil por desalojos causados por el Mundial y los JJOO.
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El organismo acusó a las autoridades de ocho ciudades en obras de violar los derechos humanos al desplazar a miles de personas "sin consulta, diálogo ni negociación justa"
Crédito foto: AP
"Estoy particularmente preocupada", aseguró Raquel Rolnik, relatora especial del organismo para el Derecho a una Vivienda Adecuada, "con lo que parece ser un patrón de actuación, de falta de transparencia y de consulta y de participación de las comunidades afectadas en los procesos de desalojo ejecutados o planeados en relación con el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016".
La funcionaria acusó explícitamente a las ciudades de San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y Fortaleza. Su relevamiento sostiene que ya han sido ejecutados miles de desalojos de familias, sin que se les haya dado tiempo a proponer y discutir alternativas.
"No se le prestó la suficiente atención al acceso a las infraestructuras, servicios y medios de subsistencia en los lugares donde esas personas fueron realojadas", afirmó Rolnik.
En la nota de la ONU se llega a pedir que las autoridades de dichas ciudades "frenen los desalojos ya planeados, hasta que se asegure el diálogo y la negociación". Pero además Rolnik se mostró "muy preocupada por la poca compensación económica que se le ofreció a las comunidades afectadas, lo que se agrava por el aumento del valor de los terrenos en los que se construirá" para la realización de los dos importantes eventos deportivos.
El documento le hace un pedido al gobierno brasileño para que lleve a cabo una planificación que garantice que los megaacontecimientos deportivos de 2014 y 2016 "proporcionarán un impacto social y ambiental positivo y evitarán las violaciones de los derechos humanos, incluido el alojamiento digno".
Sin embargo, todavía no hubo una respuesta de la presidenta Dilma Rousseff. Esto a pesar de la grave recriminación de las Naciones Unidas, que con un lenguaje diplomático acusa a Brasil de estar violando los derechos humanos de miles de familias desalojadas sin garantías.
No obstante, los analistas políticos creen que la mandataria le pedirá en el corto plazo información y responsabilidades a las autoridades de las ciudades involucradas en los polémicos desalojos. Rousseff ha repetido varias veces que quiere que la cuestión de la defensa de los derechos humanos sea el eje de su período de gobierno.
Por su parte, el jefe de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió el martes con habitantes de distintas barriadas durante una visita a Brasil, y los elogió por su resistencia ante los intentos de desalojarlos de sus viviendas.
Amnistía Internacional encabeza una campaña en favor de la construcción de viviendas adecuadas en todo el mundo, y planea abrir una oficina en Brasil durante los próximos seis meses para seguir de cerca la cuestión.
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